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En estos tiempos constituye un lugar común calificar de “histórico” cualquier acontecimiento medianamente llamativo. Se debe quizás al gusto por sentirnos fuera de la mediocridad, o por dar relumbrón a cualquier cosa que pase. Un partido de fútbol, el nombramiento de una joven como ministra, la presencia de España como invitada en el G-20 (aunque semanas antes nadie sabía de tal institución) o cualquier manifestación se denomina histórica. Es la banalización de la historia. Con frecuencia unos meses después cuesta recordar porqué se glorificó en su día el acontecimiento, e incluso éste se pierde en la memoria o en las tablas estadísticas. Hay excepciones. Lo es la alternancia en el País Vasco, cuando a comienzos de mayo de 2009 los socialistas formaron gobierno, previo pacto con los populares. Terminaban treinta años del poder autonómico en manos nacionalistas: desde 1979, pues lo ejercían ya en la preautonomía cuando ese año se aprobó el Estatuto de Gernika. Ninguna otra instancia política ha presentado en España un acaparamiento del poder tan prolongado como el del PNV en el País Vasco. Ha habido varias alternancias en el Gobierno de España y en casi todas las comunidades autónomas, menos en Andalucía y Extremadura, cuyas presidencias desde 1982 siempre han correspondido al PSOE. Ni siquiera estas dos excepciones tienen implicaciones comparables, habida cuenta el sentido de unidad de destino que el nacionalismo ha proporcionado al País Vasco autónomo. Dicho de otra forma: todos los partidos que en España han tenido el poder lo habían perdido en alguna ocasión en sus principales ámbitos de referencia, fuese UCD, PSOE, AP, PP, CIU, BNG, ERC… Todos, con la excepción del PNV, hasta la primavera de 2009. La singularidad de lo sucedido en el País Vasco como consecuencia de las elecciones de 1 de marzo de 2009 es aún mayor, por cuanto la autonomía vasca constituye una realidad política, pero también un camino ideológico, desde el punto de vista nacionalista. Para el PNV la autonomía tenía, desde el primer momento, la función de un paso previo en su marcha hacia la independencia. O, si se quiere, un objetivo: propiciar la construcción nacional, esto es, la “nacionalización” de la sociedad vasca. Fue, en su día –1979–, fruto de un acuerdo entre el nacionalismo moderado y los grupos no nacionalistas, pero el nacionalismo lo consideró siempre un instrumento propio. No un lugar de encuentro, sino un patrimonio privativo arrancado al Estado. Lo utilizó contra los no nacionalistas que habían sido copartícipes en la génesis de la autonomía y para construir una estructura política al modo de un Estado-nación, en función de una imaginaria comunidad nacionalista –la única que considera legítima en el País Vasco– de la que forma parte incluso el radicalismo 'abertzale', que alienta el terrorismo y combate (literalmente) la autonomía. Así, el cambio que se consumó en mayo de 2009 no era una mera alternancia política en el poder. Ni siquiera el que fuera el primer relevo en la autonomía vasca o que llegara tras treinta años de gobierno de un mismo partido refleja toda su relevancia, con ser ambas circunstancias importantes. Hay que tener en cuenta, también, que el casi monopolio del poder le había permitido al PNV crear un régimen en el pleno sentido del término. Formó una estructura de poder con criterios propios y propició la ocupación de buena parte de la administración por sus fieles o los próximos, una circunstancia que la sociedad vasca se acostumbró a dar por normal. La combinación de un régimen para los suyos –con el disfrute de las prebendas cotidianas, vía subvenciones, vía acceso prioritario a la función pública– y de un régimen para la liberación vasca dio su particular impronta al País Vasco del nacionalismo. En él se conjugaban estruendosos llamamientos a la ruptura con el Estado y el disfrute del pastel, que no debía tocarse sino para incrementarlo: ni siquiera para ponerlo en riesgo, pese a la obvia contradicción que esto suponía con los planes rupturistas. De ahí la imagen confusa del País Vasco en manos nacionalistas. El azote de ETA y las movilizaciones pacifistas, así como vivencias personales y colectivas dramáticas –por el rosario de atentados, asesinatos y extorsiones–, convivían con un régimen político que consideraba normal la desestabilización. La practicaba. Y entendía al embate del terrorismo –llamado por el nacionalismo “violencia política”– como una circunstancia política más, alentando así la acomodación escapista de una sociedad acostumbrada ya a mirar hacia otro lado. ¿Esquizofrenia política? Sin duda. Pero también síntoma de deterioro moral y una concepción imprudente del poder, puesto al servicio no de la concordia social, de la búsqueda de algún acuerdo entre demócratas para combatir la amenaza totalitaria, sino sólo del desarrollo de la doctrina nacionalista.

Retos del cambio

El cambio de gobierno de la primavera de 2009 no era un relevo más. Los constitucionalistas venían a sustituir a quienes sostienen criterios políticos que no se ajustan del todo a los principios democráticos habituales en la Unión Europea; que cuestionaban el modelo autonómico al que debían su ejercicio del poder y hacían profesión de deslealtad a la Constitución. Por último, el relevo llegaba tras la década soberanista que se inició en 1998 con el pacto entre el PNV, EA y ETA, un periodo de agresividad inédita del nacionalismo frente a España y contra los vascos no nacionalistas. Tales circunstancias deben tenerse en cuenta para una cabal comprensión del significado de la alternancia producida en mayo de 2009. Es un cambio de gobierno, lo que, efectivamente –se ha repetido hasta la saciedad–, entra dentro de la normalidad del juego democrático. Normalidad, sí, pero se produce dentro de unas circunstancias anómalas que dan toda su trascendencia al relevo gubernamental. Esta mezcla de normalidad y excepcionalidad imprime un peculiar carácter a esta alternancia. Ha condicionado las elecciones y la formación del nuevo gobierno. También, la forma en que se ha asistido en el País Vasco y en el resto de España a la alternancia. Y marcará la gestión del nuevo Gobierno, que debe a la vez ser normal y excepcional, sin rebajar un punto ni en lo uno ni en lo otro. Se le pedirá gestión eficaz, porque es lo obligado, y para desmontar la especie nacionalista de que el PNV resulta imprescindible en el Gobierno del País Vasco. Pero las circunstancias le exigen también afrontar las anomalías políticas que caracterizan al País Vasco actual, desde la existencia del terrorismo y las coberturas que éste tiene hasta las obsesiones identitarias bien incardinadas en parte de la sociedad vasca, pasando por la generalización de los simbolismos nacionalistas, las injusticias educativas que se han convertido en hábito y un largo etcétera. Normalidad y excepcionalidad: la forma en que resuelva este reto contradictorio sellará la visión que a largo plazo proporcione el Gobierno socialista del País Vasco. Y es que puede tener la tentación de rebajar el perfil del relevo gubernamental. No ya por acomodación, sino por mostrar eficacia en la gestión o por el temor a respuestas convulsas. La tentación de una gestión socialista de una política nacionalista –eso sí, sin las estridencias desestabilizadoras del decenio soberanista– está ahí presente. Conviene recordar este riesgo, si bien ninguna de las circunstancias que desembocaron en la formación del Gobierno socialista con apoyo de los populares sugiere que vayan a quedar defraudadas las esperanzas en un cambio de envergadura. En suma: la alternancia de gobierno en el País Vasco constituye en sí misma un acontecimiento histórico de primer orden. Ahora bien, sin minusvalorarla –antes bien, resaltando el significado profundo del cambio político–, su trascendencia efectiva deberá confirmarla la capacidad del nuevo Gobierno por normalizar la sociedad vasca, por introducir transformaciones éticas, polític