• Vota

• 
• Resultados
• 

• 
• 
• Tamaño del texto
• 

Cuando Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno de la Nación en la primavera de 2004 el Estado autonómico había alcanzado su plena madurez. Veinticinco años después de ser aprobada la Constitución española, acuerdo tras acuerdo, se había configurado un modelo territorial altamente descentralizado y sólidamente financiado. Sin embargo, en poco más de una Legislatura las bases de nuestro modelo de convivencia se han visto transformadas. Y no ha sido por casualidad o accidente, sino como consecuencia de la exacta aplicación de posiciones políticas aparentemente minoritarias. Desde una perspectiva financiera, los pasos dados hasta la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica el pasado mes de julio responden a una lógica política completamente impropia de un partido progresista de ámbito nacional. La soberanía fiscal del Estado ha quedado gravemente comprometida y solo una firme decisión del Tribunal Constitucional podrá evitar en el futuro que la solidaridad entre los españoles quede indefinidamente limitada por los estrechos márgenes introducidos por el Estatuto catalán.

El texto constitucional de 1978 creó un marco abierto para el acceso al autogobierno de las nacionalidades y regiones, pero no estableció obligación alguna para la generalización de las comunidades ni, en consecuencia, determinó sus competencias ni la manera de financiarlas. Fue un pacto entre las principales fuerzas políticas aprobado en 1981– el primero de una larga serie – el que optó por “lograr, en un plazo razonable de tiempo, una distribución homogénea del poder reconociendo las diversas peculiaridades de las nacionalidades y regiones”. Se hacía ya referencia a la generalización y homogenización del autogobierno regional, salvando los hechos diferenciales y la previsión constitucional que exigía el transcurso de cinco años para asimilar las comunidades que habían accedido a su autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y las más ágiles del 151. Los diecisiete Estatutos quedaban aprobados en febrero de 1983, apenas dos meses después de llegar Felipe González al Gobierno.

Durante una década los sucesivos gobiernos socialistas pilotaron, sin apenas discrepancias, el despliegue del modelo apuntado entre 1978 y 1983. El colofón de su trabajo se plasmó en los Acuerdos autonómicos de febrero de 1992, suscritos con el Partido Popular, entonces en la oposición. Con este pacto los firmantes - PSOE y PP - pretendieron “ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del Título VIII de la Constitución”, y afianzar”un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto”. Los acuerdos de 1992 recogieron, entre otras cuestiones, la necesidad de trasladar las competencias en educación a todas las Comunidades Autónomas (las llamadas históricas las habían recibido años antes). En 1996, tras la llegada del PP al Gobierno, estos acuerdos se completaron y se extendió la descentralización a los servicios sanitarios.

Las dos legislaturas de José María Aznar sirvieron para hacer efectivos los traspasos a todas las comunidades mediante acuerdos precisos con cada una de ellas. Para tener una imagen aproximada de la importancia de estos acuerdos basta pensar que la llegada de la educación duplicó los presupuestos de las diez comunidades que la recibieron en 1999; y el traspaso de la sanidad volvió a duplicar, dos años mas tarde, los recursos de las comunidades afectadas. Tanto si se mide en dinero, como si nos fijamos en los empleados públicos afectados, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular se descentralizaron más de la mitad de los recursos que actualmente administran el conjunto de las comunidades autónomas. Completadas todas las transferencias fue posible en 2001, por primera vez desde el arranque del sistema autonómico, la aprobación de un modelo de financiación integrado y con vocación de permanencia. Todo este proceso se llevó adelante mediante una larga negociación que hizo posible la unanimidad e, incluso, la retirada de todos los recursos de inconstitucionalidad que se habían ido acumulando frente a los acuerdos de financiación aprobados en años anteriores. Para que nada quedara pendiente, en 2002 se aprobó un nuevo Concierto económico con carácter indefinido para la Comunidad Autónoma del País Vasco, buscando así completar los elementos de estabilidad del sistema. Pese a los muchos años de conflictos y discrepancias, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Uniò, las principales fuerzas nacionalistas desde el inicio de la Transición, dieron su respaldo al modelo de financiación que completaba y estabilizaba el Estado de las Autonomías.

Fue en el Palau Sant Jordi, en el mitin de cierre de campaña de las elecciones autonómicas catalanas del 13 de noviembre de 2003, donde Zapatero hizo saltar por los aires este modelo que había permitido definir el Estado de las Autonomías a lo largo de más de dos décadas sobre la base de los sucesivos acuerdos entre las dos grandes fuerzas políticas españolas. "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán", fue su compromiso. Con él se inició un nuevo camino, un nuevo procedimiento, donde la iniciativa de cada uno de los parlamentos autonómicos – al menos la del catalán - tomaría el timón de la configuración del modelo de Estado. Es preciso destacar que, a diferencia de lo que ocurre en otros países altamente descentralizados, en España son los Estatutos, y no la Constitución, los que establecen el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Las competencias del Estado quedan delimitadas, en consecuencia, de manera negativa. El Estado es responsable de aquellas materias que cada comunidad no asume, con el único límite de las competencias exclusivas fijadas en el artículo 149, no siempre demasiado precisas y en parte delegables a través del cauce previsto en el artículo 150.2 CE.

La doctrina impuesta por Rodríguez Zapatero tras su llegada al poder ha impedido un debate nacional sobre el modelo territorial que se pretende establecer, y lo ha sustituido, de hecho, por discusiones diversas surgidas de la particularidad de cada uno de los territorios. Cada