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En noviembre de 2007 el presidente de la Generalitat José Montilla afirmó que en Cataluña había “cabreo, recelo y pesimismo”, y que si no mejoraban las inversiones del gobierno central en infraestructuras ni cesaba la incertidumbre en torno al Estatuto creada por los recursos presentados en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular [PP], se debían valorar “graves consecuencias a medio y largo plazo de una desafección emocional de Cataluña hacia España y hacia las instituciones comunes”. El aviso era claro: muchos catalanes podían empezar a dejar de sentirse españoles. ¿Hasta qué punto es una realidad la desafección a la que aludió Montilla hace dos años?

     Es difícil demostrarlo más allá de lo que refleja la demoscopia, que parece refrendarla. Así, en el último barómetro del Centro d’Estudis d’Opinió [CEO] de la Generalitat (publicado en junio de 2009) un 62% de encuestados consideraba que el nivel de autonomía de Cataluña era insuficiente. Este porcentaje es muy superior al 45% de la muestra que se identificaba como “únicamente catalán” o “más catalán que español”. De este modo, entre los insatisfechos por las limitaciones del autogobierno figuraba un 17% que se definía como “español” o “más español que catalán”. Este hecho se explicaría porque la autonomía habría dejado de asociarse cada vez más en Cataluña a emociones para hacerlo a razones, entendiendo como tales las infraestructuras, la sanidad o la educación. Asimismo, el barómetro apuntaba que para un l9% de encuestados Cataluña debería ser independiente y para un 32% un Estado dentro de una España federal. Los sondeos, pues, constatan que la desafección catalana hacia España no es una entelequia, aunque sea complejo calibrar su magnitud.

Pero la demoscopia indica igualmente que la sociedad catalana también manifiesta una desafección hacia su propia clase política, cuya valoración se halla en caída libre. Un “Índice de satisfacción política” acuñado por el CEO lo ha puesto de relieve de forma contundente: si en julio de 2008 su valor negativo alcanzaba –1.91, en junio de 2009 cayó hasta su récord: –2.59. Esta realidad se reflejó ya en la abstención del 51% del electorado en el referéndum del Estatuto de 2006 y un porcentaje del 5% de voto en blanco, conducta que se repitió en los comicios autonómicos de aquel mismo año, con un 44% de abstención y un 2% de voto en blanco. Ello indica que para gran parte de los catalanes las elecciones de su parlamento son de segundo nivel en relación a las legislativas o generales. ¿Por qué la desafección de los catalanes se manifiesta tanto hacia el resto de España como hacia su clase política?

Un sistema político en caída libre

     La respuesta, a nuestro juicio, radica en que en Cataluña se desarrollan dos procesos simultáneos e inseparables desde hace poco más de un lustro: uno es la percepción extendida de un fracaso del encaje catalán en España y el otro el hundimiento progresivo de su sistema político actual. Ambos son indisociables de la constitución del gobierno tripartito de la Generalitat en el 2003, presidido por Pasqual Maragall y formado por la coalición del Partit dels Socialistes de Catalunya [PSC-PSOE], Iniciativa per Catalunya Verds [IVC] y Esquerra Republicana de Catalunya [ERC], reeditado en el 2006 bajo la presidencia de Montilla. Consideramos que en esta etapa (2003-2009) se cerró de modo definitivo la Transición iniciada en 1975 (significativamente abandonaron la política activa sus dos líderes históricos, Jordi Pujol y el propio Maragall) y con la elaboración del nuevo Estatuto se inició otra, en el marco de la cual tres grandes factores explicarían la desafección de los catalanes hacia su establishment político.

     En primer lugar, porque seis años después de haberse producido una alternancia gobierno de la Generalitat cada vez más ciudadanos percibirían la existencia de un fenómeno que en Italia se ha denominado “lotización” –lottizzazione- de la administración. Nos referimos a la existencia de un celoso reparto de parcelas de poder entre coaliciones: Convergencia i Unió [CiU] primero y el ejecutivo tripartito después. Este desgaste general de los partidos, además, estuvo jalonado por dos hitos. Uno fue la crisis de El Carmel: en enero de 2005 un socavón creado por perforaciones de un túnel de metro en este barrio barcelonés obligó a demoler dos bloques de pisos. El desastre provocó acusaciones cruzadas de responsabilidad entre el gobierno y la oposición, incluso el presidente Maragall denunció en el Parlamento que CiU cobró comisiones por las obras públicas, aunque pronto retiró tal acusación. La pésima gestión del desaguisado por parte del ejecutivo tripartito desató una oleada de indignación popular y cuando Maragall comparó lo ocurrido con la tragedia del Prestige en Galicia por su magnitud, no anduvo desencaminado: el hundimiento de El Carmel fue un chapapote que enlodó a los políticos catalanes. El otro hito que marcó el descrédito de los partidos fueron sus rivalidades constantes durante la elaboración del Estatuto, al actuar guiados por el tacticismo y rivalizar en su afán de acaparar protagonismo público, mientras el PP no recogió rédito por su oposición al Estatuto.

     En segundo lugar, porque el gobierno tripartito ha supuesto el fin de la Cataluña políticamente bipolar de las décadas precedentes. De este modo, el ejecutivo catalán desde el 2003 no ha contado con contrapeso político alguno: controla la Generalitat; todos los consistorios que son capitales provinciales; tres de las cuatro diputaciones; y aparentemente dispone de un gobierno “amigo” en Madrid. En este panorama no existen contrapesos a la hegemonía del bloque tripartito. Si antaño, ante un Pujol que gozaba de mayoría absoluta el PSC podía reclamar colaboración a un gobierno central del PSOE, ahora ninguna fuerza de la oposición al gobierno de la Generalitat puede recurrir a tal apoyo. Ante tal situación, han sido inoperantes los buenos resulta