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La crisis de la Caja de Castilla–La Mancha y su intervención por el Banco de España, decidida el 29 de marzo de 2009, ha puesto sobre el tapete no sólo los problemas de esta entidad concreta, sino también los del conjunto de ese segmento del sistema financiero español. Recordemos que las Cajas, que a todos los efectos son entidades de depósito similares a los bancos, gestionan el 40 por 100 del pasivo de esas entidades y que lo hacen con una singular estructura empresarial que hace de ellas un sector muy ineficiente frente a sus competidores bancarios. Así, la productividad por empleado —medida en función del pasivo por trabajador— apenas alcanza los dos tercios de la cifra correspondiente a los bancos; lo mismo ocurre con la ratio de productividad por oficina que no llega siquiera a la mitad de la que se atribuye a estos últimos. Digámoslo de otra manera: las Cajas, en su conjunto, tienen unas plantillas sobredimensionadas y una red de oficinas excesiva para el volumen del negocio que realizan; y ello implica que, para equipararse al nivel competitivo de los bancos, tendrían que prescindir de un tercio de sus plantillas y de un 55 por 100 de sus sucursales.

Es en este marco empresarial en el que, en el momento actual, se plantea la crisis del sector. Ésta viene de la mano de los excesos financieros cometidos en el pasado. Y aunque sea cierto que no todas las entidades se han gestionado de la misma manera, esos excesos se han concretado principalmente en la minusvaloración de los riesgos asumidos en operaciones de  financiación de las empresas inmobiliarias, y también de proyectos industriales, generalmente dentro del ámbito regional o local y en conexión con el poder político, aunque no han faltado las promociones de apartamentos y casas de verano en las zonas costeras. En el caso concreto de la Caja de Castilla–La Mancha, el Banco de España constató que un conjunto de operaciones de crédito fallidas concertadas con una veintena de empresarios inmobiliarios bien relacionados con la presidencia regional, entre las que la más emblemática fue la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, habían dado lugar a un extraordinario aumento de la morosidad, situándola por encima del 14 por 100 del conjunto de los créditos otorgados por la entidad a finales del año 2009. Todo ello se hizo, según el expediente abierto a los administradores de esta Caja, incumpliendo los deberes de transparencia en la gestión, de manera que no se reflejó contablemente su verdadera situación patrimonial y financiera, y se ocultó la correspondiente información a los depositantes y prestamistas.

El caso de Caja Castilla–La Mancha ha puesto de relieve, por otra parte, con relación al Banco de España, que sus procedimientos de supervisión son insuficientes para detectar las eventuales irregularidades en la administración de las entidades bancarias; que, además, su capacidad real para disciplinar a los administradores bancarios está lastrada por deficiencias en su autoridad; y que esa capacidad de disciplina está mediatizada por los intereses políticos del Gobernador cuando son coincidentes con los del partido que ejerce la influencia principal sobre el gobierno de las entidades investigadas. Porque, en efecto, en este caso concreto la intervención del Banco de España fue demasiado tardía —puesto que la crítica situación de la entidad se conocía varios mesas antes de producirse— y estuvo subordinada a los intereses del partido socialista —que, no se olvide, gobierna tanto en la región afectada como en el conjunto de la nación y es, asimismo, el partido al que se encuentra afiliado el máximo dignatario de la entidad supervisora—.

Este último aspecto es relevante pues, si bien las Cajas de Ahorro son de fundación privada, su naturaleza social hace de ellas un apetitoso bocado para el poder político. De hecho, la ley que reguló, en 1985, sus órganos rectores y las leyes autonómicas que han desarrollado esta normativa básica han dado a las Administraciones regionales y locales una capacidad desmesurada para controlar los consejos de administración de estas entidades. Ello, unido a ciertas competencias supervisoras de la actividad crediticia, ha ocasionado la continua ingerencia del poder político en la gestión de las Cajas. Buena parte de los problemas actuales de carácter financiero que emergen cotidianamente en estas instituciones y que afectan a su solvencia, se han gestado a partir de decisiones que, en un marco de euforia financiera, han dado rienda suelta a proyectos megalómanos de los gobiernos locales en los que se han implicado promotores privados atraídos por la posibilidad de acumular sustanciosas plusvalías. El papel evaluador de los riesgos financieros que, bajo criterios de prudencia y rentabilidad examinados en el largo plazo, deben ejercer las entidades crediticias frente a las iniciativas empresariales, sean éstas estrictamente privadas o alentadas por el poder político, ha fallado precisamente porque este último se ha sentado simultáneamente a ambos lados de la mesa. De ahí que despolitizar a las Cajas sea una tarea urgente que habrá que abordar de inmediato.

¿Cómo hacerlo? Desconfiemos de los retoques regulatorios que modifican la apariencia para que, en el fondo, nada cambie. Sólo la existencia de un juego adecuado de contrapoderes en la administración de las Cajas podrá dar solución al problema. Y ello sólo podrá alcanzarse si el capital fundacional de estas entidades se divide en acciones para convertirlas en sociedades anónimas. Una parte sustancial de ese capital podría atribuirse a la Obra Social de cada Caja, convertida ésta previamente en Fundación. Otra se quedaría en manos de los entre autonómicos o municipales promotores originarios de las entidades. Y otra, en fin, podría ser ofrecida a los impositores para que suscribieran, a través de la Bolsa de Valores, el capital correspondiente. A partir de ahí el juego del mercado pondría la gestión de la institución en la línea del lucro mercantil, la competencia y la eficiencia.

Una reforma de esta naturaleza permitiría abordar con facilidad otro de los problemas que, en este momento, acucian a las Cajas. Según expresó el Gobernador del Banco de España en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados tras la intervención de la Caja de Castilla–La Mancha, existen severas dificultades para que este tipo de entidades puedan ampliar sus recursos propios, pues al no disponer de capital social no pueden decidir la ampliación de éste apelando directamente a los accio