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El nacionalismo es una ideología tan legítima como las demás mientras respete, desde la discrepancia, las reglas básicas del Estado de Derecho. Pero muestra su ilegitimidad, y se convierte en un peligro para la democracia, cuando se dedica a denigrar el sistema constitucional y a erosionar la credibilidad de las instituciones establecidas. Esto es lo que ha sucedido este verano, con una intensidad fuera de toda medida, por parte de los políticos de los partidos nacionalistas catalanes: han demostrado tener miedo al Tribunal Constitucional (TC), han ejercido presiones indebidas sobre el mismo y han llegado hasta el punto de mostrarse partidarios del desacato a la sentencia pendiente sobre el Estatuto de autonomía  catalán.

Lo peculiar – y grave desde un punto de vista higiénico - de la situación política catalana es que si antes los partidos nacionalistas se reducían a Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana, ahora su número ha aumentado: también Iniciativa y hasta el PSC deben ser considerados como tales si nos atenemos a su conducta y a sus manifestaciones públicas en cuestiones identitarias.

En efecto, alguna vez me he me he referido irónicamente  a estas cuatro formaciones calificándolas de partido único, el PUC, Partido Unificado de Cataluña, ya que ante determinadas cuestiones reaccionan de forma similar o muy parecida ya que les une el sentimiento de identidad nacional catalana por encima de todo aquello que, lógicamente, les separa, ya que se inspiran en fuentes de naturaleza muy distinta: conservadora, democristiana, liberal, socialdemócrata, ecosocialista y comunista, casi todo el abanico que va de la derecha a la izquierda. Pero lo característico es que en aquellas cuestiones básicas que afectan a la identidad su pensamiento es común. Así pues, al margen de este fantasmal “pseudopartido unificado”,  solo quedan en el Parlamento catalán otras dos formaciones que no comulgan con este credo nacionalista y actúan, cada uno a su modo, como disidentes: el PP y Ciudadanos.

Todo ello comporta que la clase política catalana – incluidos los medios de información – y, además, las organizaciones empresariales, los sindicatos, el mundo de la cultura y las asociaciones cívicas,  participen también, convencidos o no, de este sentimiento identitario. En caso contrario corren el riesgo de quedar marginados de la esfera pública catalana: ni se hablará de ellos en la prensa, radio o televisión, ni recibirán subvenciones de la Generalitat o de los entes locales, ni podrán nunca formar parte del cerrado establishment que conforma la vida oficial catalana: quedarán marginados y sin voz.

El bloque político dominante controla así totalmente a la sociedad civil que ha pasado a ser un mero instrumento de la clase política y ha perdido toda autonomía. Buena parte de las cuestiones que se discuten en Cataluña sólo son mínimamente inteligibles si se contemplan desde este prisma. ¿Qué dice la opinión pública catalana? Aquello que opinan sus políticos, las consignas que da el PUC. En cuanto a las opiniones privadas, cada uno, aisladamente, dice - o, mejor, calla- lo que piensa. Incluso muchos se consideran a sí mismos auténticos raros porque lo que piensan nunca sale en los periódicos y no se atreven a confesarlo ni a su familia, ni a sus amigos, ni mucho menos a sus compañeros de trabajo.

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Lo sucedido este verano respecto a la respuesta institucional de la Generalitat a la sentencia del TC es muy ilustrativo. Vayamos a los hechos.

Ya en julio, el mismo José Montilla, presidente de la Generalitat, declaró que el estatuto, “además de una ley orgánica es un pacto político y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales”. Esta acabará siendo la doctrina oficial del gobierno de la Generalitat, después nos detendremos en ello. Pero la campaña cobró intensidad en agosto y la comenzó el vicepresidente Carod-Rovira proponiendo organizar una gran manifestación el 11 de septiembre señalando que lo importante era llevarla a cabo de forma “preventiva”, es decir, antes de que el TC  se pronunciara con el fin de así presionarle. Rápidamente, el vicepresidente Manuel Chaves replicó: “Es intolerable que algún partido político pretenda montar una manifestación para presionar al Constitucional, que es la cúpula de nuestro sistema”. No dijo, sin embargo, que dicho partido es aliado de los socialistas en Cataluña y quién dijo aquello que considera intolerable es el vicepresidente de Montilla.

A partir de ahí, se desató un batiburrillo de declaraciones entre las que cabe destacar las del número dos de Convergència Felip Puig: “La última palabra la tiene el pueblo de Cataluña y no un tribunal desprestigiado”. Y añadió: “Cuando se conozca la sentencia habrá que traerl